PAGO A PROVEEDORES: NEGOCIO REDONDO

El Gobierno español, ha aprobado, o va a aprobar, según el caso, algunas propuestas de orden económico y social.

Por una parte, se aprobó aprobado un plan económico para saldar las deudas que las administraciones locales mantienen con los distintos proveedores tanto de bienes como servicios, y que no se han abonado hasta la fecha. Evidentemente, aparte de no ser mala idea, es conveniente, urgente, y necesario, pagar las deudas que se tienen, para poder empezar todas las administraciones desde cero, y que los autónomos, pueden sobrellevar mejor los rigores de esta dura crisis, de los que ellos son sufridores y no provocadores. Desde hoy, día uno de junio, se ha comenzado con el abono de tales débitos.

Pero empezó apretando a los autónomos, que están bastante renqueantes, puesto que, según la normativa aprobada, se abonarían primero las facturas de aquellos que renunciasen a cobrar un porcentaje de la factura, es decir, les “obligaban” a renunciar a parte de beneficio, si no es a todo, es decir, el precio de su trabajo, de su esfuerzo, si querían cobrar con cierta celeridad. Como recoge el dicho “encima de p…, pones la cama”.

Para tal fin, se han destinado unos treinta y cinco mil millones de euros, y han tenido el apoyo en forma de préstamo de los grandes bancos del país, que han sumado una cantidad superior a los dieciséis mil millones. 

Hasta ahí, y con todo lo antedicho, todo perfecto, pero ahora viene la “trampa”: las facturas que se abonan se hacen mediante transferencia bancaria. No tendría mayor importancia el tema, sino fuera porque casi todos los autónomos y empresarios, por no decir todos, deben dinero a las entidades bancarias, y, evidentemente, cuando el dinero llegue a la cuenta, no irá para el autónomo sino que lo hará directamente a las arcas del banco, que se cobrará antes que el empresario se haya dado cuenta.

Por lo tanto, el negocio es redondo, los bancos prestan dinero al Estado, a un interés del 4%, aproximadamente, y después, ese dinero, que ha salido de sus cajas para el Estado, lo van a volver a ingresar directamente. Es decir, van a cobrar dos veces por el mismo dinero, una de los autónomos, y otra del Estado.

Por otra parte, y para evitar el fraude fiscal, quieren limitar los pagos en efectivo a un importe máximo de 1.000 Euros, y todo pago que supere esta cifra, deberá hacerse mediante transferencia bancaria.

Y aquí surge, omnipresente, el banco, el prestador del servicio, de un servicio impuesto por la normativa, que se llevará una comisión de cada transacción que se haga, y sucederá lo que un conocido difundió por una red social, cuando, el otro día, al ir a pagar una factura mediante transferencia le pidieron 35 EUROS de comisión. No parece lógico, más cuando el servicio se debe facilitar de forma obligatoria, por lo que debería ser gratuito, y si no, cuando menos, debería estar tipificado un importe según la reglamentación, para evitar se produzcan abusos.

Y a esto hay que sumar que cualquier pago realizado por transferencia bancaria, entre entidades bancarias distintas, se “pierde” durante, al menos, un par de días, tiempo en el que el banco del que sale el dinero se lleva un “pellizco” en forma de intereses.

Y todo a costa de los españoles. Muy listos los bancos, muy tontos los gestores políticos.

Los bancos, una vez más, nunca pierden.