En respuesta al artículo "La dictadura del funcionariado" del Sr. Manuel Martín Ferrand.
Con gran "alegría" se utiliza hoy en día la palabra DICTADURA (y la escribo así, con mayúsculas, porque las palabras tienen significados y las consecuencias del significado de esta palabra son, sin duda, mayúsculas). Con mucha "alegría" y "ligereza" se lanza una palabra al vuelo y (los publicistas, psicólogos y sociólogos lo saben bien) queda ahí, en el subconsciente colectivo, sumándose a otras muchas palabras que desde un tiempo a esta parte algunos esbirros asocian a otra palabra: FUNCIONARIO.
Aunque a estas alturas no debería ser necesario definir qué es una persona funcionaria, digamos que se trata de alguien que, con determinado tipo de modalidad contractual, trabaja para alguna de las Administraciones o Servicios públicos. En general suele utilizarse para TODAS las personas que trabajan para ese tipo de organizaciones, sean funcionarias o no (para las Administraciones públicas trabaja tanto personal funcionario, como contratado laboral, fijo, eventual o discontínuo, personal interino o personal subcontratado [personas que, teniendo una relación contractual con una empresa privada, trabajan dentro de y para la Administración Pública]).
Dice el Sr. Martín Ferrand que ser funcionario es pertenecer a una casta hereditaria (hereditaria, nada menos). Y que los ciudadanos, con sus impuestos, les retribuyen y mantienen. Algo que es cierto en parte, ya que los propios funcionarios, con sus impuestos no escamoteables, también se autorretribuyen, al igual que retribuyen los subsidios de desempleo, las carreteras, los hospitales y cuanto tópico se nos pueda ocurrir de lo que se hace con los impuestos de cada uno (de cada uno de los que SÍ pagamos impuestos).
Y digo esto último porque, suponiendo que es cierta la información que aparece en la wikipedia, al parecer el Sr. Martín Ferrand NO es, presuntamente, de los que pagan impuestos (o, al menos, de los que pagan TODOS los impuestos). Literalmente, para que nadie diga que me invento cosas, la wikipedia dice, a día de hoy y si nadie lo ha modificado, lo siguiente: "El Juzgado de Instrucción 15 de Madrid le imputó a Manuel Martín Ferrand junto a Javier Gimeno de Priede y Antonio Carrasco de la Torre un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil, a causa de hechos referidos a 1990, cuando los tres eran directivos de Antena 3 de Radio. Según el auto judicial, los tres imputados acordaron la compra de facturas falsas por importe de 150 millones de pesetas, más otros 18 millones en concepto de IVA, con el fin de justificar gastos carentes de soporte documental. La investigación judicial, iniciada tras un informe de Hacienda a la Fiscalía de Madrid, se centró en que Martín Ferrand, su director general adjunto, Javier Gimeno de Priede, y el entonces director administrativo y financiero, Antonio Carrasco, pidieron las facturas falsas a dos personas hoy en paradero desconocido, Miguel Salvador Ramonacho y Melba Teresa Infante. Esas dos personas figuraban como administradores de siete empresas sin actividad real, denominadas Fain, Marinauto, Creaciones Reproat, Graficentro, Reproexport, Publimielin y Color Service. Los implicados habrían pagado una cantidad de dinero no determinada a cambio de las facturas falsas".
Vaya, vaya. Aunque nos falta el final de la historia (qué suspense!), los jueces (funcionarios) no imputan alegremente si no hay indicios previos y, en caso de Delito Fiscal, sin la preceptiva investigación e informe previos de los inspectores (funcionarios) encargados de velar para que todos los ciudadanos paguen sus impuestos. Ahhhh, ahora se entiende la inquina y la utilización de la palabra "dictadura". Si al final es siempre la misma película: dictadura es que no me dejes hacer lo que me sale de los cojones!!! ¿Quién tuvo que poner ahí a esos funcionarios para que me arruinasen la vida? ¿Acaso no saben que lo único que hago es crear riqueza?
A ver cuándo se dará cuenta la ciudadanía de que siendo epígonos de estos personajes, riendo las gracias de los bufones anti-funcionarios, se equivocan de enemigo. El enemigo no es el bombero, el enfermero, el fiscal o el inspector de la Agencia Tributaria. No lo son en ningún caso para el ciudadano honrado. Pero, para los Don Chorizo que pululan por el mundo (y para quienes la honradez es solamente falta de oportunidad), son una inmensa dictadura.
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