Internet, a través de sus redes sociales, de sus foros, de los comentarios en las noticias, se ha convertido en el paradigma de la libertad de expresión. Toda persona puede verter sus opiniones, que debieran estar limitadas por el respeto al que no piensa o actúa como el que se manifiesta a través de la web. Pero uno de los elementos que más identifica a todo este universo de comentarios es el anonimato, desconociéndose, en muchísimas ocasiones, quién los hace, por lo que la posibilidad del insulto es total.
Cuando en las redes sociales se vertían comentarios que se entendían ofensivos e insultantes para determinadas personas o grupos, por aquellos encargados de velar por el respeto, se decía, se defendía que era libertad de expresión, que nadie podía coartar ese derecho, y si alguien se sentía ofendido debía defenderse de forma individual.
Así, durante mucho tiempo, además de los ciudadanos anónimos, políticos, periodistas, miembros del clero, opinadores profesionales han utilizado estas herramientas para lanzar insultos a los rivales, a los que no opinaban igual que ellos, a los que consideraban sus enemigos, y nunca, nunca, ha pasado nada, más allá de la crítica en debates de tertulianos afines a los ofendidos.
Pero hace unas semanas, ha sucedido un trágico suceso, el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, política del Partido Popular, partido que actualmente gobierna en este país. Cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que transcurre queda más claro que el motivo de este crimen no es otro que las rencillas personales entre dos mujeres, el odio hacia la persona, por encima de la importancia política de la víctima.
Pero, claro, al ser una política del actual partido en el poder, se ha elevado el caso a la categoría de martirio, y se ha empezado a hablar de políticos amenazados, que el Estado debe poner todos sus resortes en defensa de los mismos. Y en este contexto, cuando se han llenado las pantallas de ordenador de comentarios contrarios, primeramente a la asesinada, y posteriormente a la clase política en general, que, eso sí, muchos han sido desafortunados, es cuando se dice que se ha de regular el uso de estas herramientas.