INTERNET, ¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Internet, a través de sus redes sociales, de sus foros, de los comentarios en las noticias, se ha convertido en el paradigma de la libertad de expresión. Toda persona puede verter sus opiniones, que debieran estar limitadas por el respeto al que no piensa o actúa como el que se manifiesta a través de la web. Pero uno de los elementos que más identifica a todo este universo de comentarios es el anonimato, desconociéndose, en muchísimas ocasiones, quién los hace, por lo que la posibilidad del insulto es total.

Cuando en las redes sociales se vertían comentarios que se entendían ofensivos e insultantes para determinadas personas o grupos, por aquellos encargados de velar por el respeto, se decía, se defendía que era libertad de expresión, que nadie podía coartar ese derecho, y si alguien se sentía ofendido debía defenderse de forma individual.

Así, durante mucho tiempo, además de los ciudadanos anónimos, políticos, periodistas, miembros del clero, opinadores profesionales han utilizado estas herramientas para lanzar insultos a los rivales, a los que no opinaban igual que ellos, a los que consideraban sus enemigos, y nunca, nunca, ha pasado nada, más allá de la crítica en debates de tertulianos afines a los ofendidos.

Pero hace unas semanas, ha sucedido un trágico suceso, el asesinato de la Presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, política del Partido Popular, partido que actualmente gobierna en este país. Cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que transcurre queda más claro que el motivo de este crimen no es otro que las rencillas personales entre dos mujeres, el odio hacia la persona, por encima de la importancia política de la víctima.

Pero, claro, al ser una política del actual partido en el poder, se ha elevado el caso a la categoría de martirio, y se ha empezado a hablar de políticos amenazados, que el Estado debe poner todos sus resortes en defensa de los mismos. Y en este contexto, cuando se han llenado las pantallas de ordenador de comentarios contrarios, primeramente a la asesinada, y posteriormente a la clase política en general, que, eso sí, muchos han sido desafortunados, es cuando se dice que se ha de regular el uso de estas herramientas.

Así, ya los elementos judiciales y policiales del Estado han empezado a actuar contra aquellas personas que han sido identificados como autores de comentarios que, según ellos, alcanzan el rango de delito, y se empieza a hablar de que pueden ser condenados a penas superiores, en muchas ocasiones, a las que se habla para los casos de corrupción que día tras día inundan los medios de comunicación, más los que hay en los juzgados pendientes de resolver. Queda claro, en este momento, que los políticos utilizan todos los medios del Estado para defenderse únicamente ellos, despreciando al resto de la ciudadanía.

Pero estas intenciones quedan en entredicho, cuando hace unos días, por ejemplo, entre toda esta vorágine de sucesos, mediatizados y politizados, un juzgado ha dicho que las palabras homófobas vertidas por el Obispo de Alcalá de Henares, en una misa retransmitida a todo el país por el ente público, se encuadran dentro de la libertad de expresión, contrastando, en estos momentos, con las críticas a la política asesinada que se han de referir como delito.

Artículos, tuits, comentarios y demás elementos con tintes xenófobos, racistas, misóginos, contra la libertad sexual, se han defendido como señas de la expresión popular, y, sin embargo, ahora, los ataques a los políticos, las críticas, los insultos son delito. Pero es que nadie se ha parado a pensar que, quizás, detrás de todas estas expresiones se recoge, sin duda alguna, la crispación que vive la sociedad española, con el hartazgo por las actuaciones de los dirigentes políticos y sus acólitos, implicados cada vez más en casos de corrupción, que utilizan el nepotismo, que viven de espalda a los problemas de la ciudadanía.

Y mientras tanto, hoy en día, en los medios de comunicación afines a los que ahora detentan el poder, se sigue insultando, descalificando, humillando y atacando, de forma gratuita, a todo aquel que no piensa de la misma forma que ellos, los consideran del bando contrario, o los temen como un peligro para sus intereses, y esto, señores, es libertad de expresión, aquí no existe el insulto, no existe la injuria, no hay delito.

Lo que queda claro y meridiano con esta situación es la gran hipocresía del momento que estamos viviendo actualmente, cuando los insultos de unos son libertad de expresión, y las críticas de otros se catalogan como delictivas.

Si esta sociedad fuera consecuente, si las instituciones funcionasen con criterio, los jueces deberían archivar todas las denuncias contra aquellos que critican abiertamente a los políticos, a través de las redes, en tanto en cuanto no sean perseguidos, con la misma o superior contundencia, las manifestaciones, escritas u orales, realizadas por los dirigentes y miembros de los partidos políticos o representantes públicos, porque todos necesitamos el mismo grado de protección.

La sociedad, cada día que pasa, va agotando su paciencia, y de las palabras a los hechos se puede pasar en cualquier momento. Pongamos las mismas reglas para todo el mundo.