Tras la legitimidad que le dan las urnas, y pavoneándose de ella, con el apoyo de algunos partidos minoritarios, el gobierno del Sr. Rajoy, ha aprobado de forma inopinada, y algo sorpresiva, pero no por menos esperada, la reforma laboral, hecha a medida de la derecha más recalcitrante, es decir, todo para el empresario, nada para el trabajador.
Porque sí, esta reforma, lo que hace es, aparte de desprestigiar a los sindicatos, con el único y reconocido interés de eliminarlos de la vida laboral, para así decidir a sus anchas, es un ataque frontal y total contra todos los derechos que todos los trabajadores tenían, y por los que se habían luchado durante generaciones enteras, para ahora, en menos de tres meses de un nuevo gobierno que nos tenía que sacar de la crisis, lo que va a incidir en nuevas diferencias en la población.
Y es que los preacuerdos que se habían alcanzado, con gran esfuerzo, empresarios y sindicatos, es decir, la voluntad de negociación de ambas partes, la cual fue patente, no ha servido para nada, y el gobierno, que ha demostrado ser de derechas, amigo de los grandes empresarios y de los especuladores financieros, y contrario al estado del bienestar, y de todo lo que suene a público, ha dictado un decreto que ataca a la población laboral española, así como a las generaciones que se están incorporando al mundo del trabajo.
Y es que el sentido de esta reforma, primera de las grandes que va a llevar a cabo el gobierno del Partido Popular, es, como dice el eslogan "QUIEREN ACABAR CON TODO"; es decir, primero con los derechos laborales, después irán a por la sanidad pública, a por la educación, la cobertura social, y así paso a paso hasta hacer sucumbir el estado del bienestar, para pasar todos los servicios a manos privadas, y tener que pagar por cualquier servicio del que queramos hacer uso.Por tal motivo, los cuatro grandes sindicatos a nivel nacional (CCOO, UGT, CGT y USO), con el apoyo de otras centrales más minoritarias, pero no menos importantes, han convocado a todos los trabajadores, y a aquellos que se deben incorporar en un futuro próximo al mundo laboral, a secundar la huelga general que va a tener lugar el próximo día 29 de marzo, jueves, para pedirle al gobierno que rectifique el mayor ataque perpetrado contra la sociedad en los últimos cien años.
La principal idea del gobierno, con la que llevan trabajando desde que accedieron al poder, y que debemos desmontar, es que los trabajadores desconfían de los sindicatos, y no vamos a seguir sus argumentos, ni las propuestas de movilización. Es cierto, y se puede entender, que los sindicatos han perdido, por diversos motivos, credibilidad, pero no es menos cierto que sin ellos no existe posibilidad de avance en los derechos de los trabajadores. Por tal motivo, desde el gobierno, y de su círculo de televisiones, periódicos y medios afines, en estos días se están redoblando los ataques a las centrales sindicales, y a sus dirigentes, con un empacho de cifras y datos, que habría que ver si muchos son veraces, con la única intención de desacreditar un posible éxito de la convocatoria.
Pero, ¿en qué consiste la reforma? Básicamente, como se ha dicho anteriormente, se trata de otorgar más poder a los empresarios, quitándoselo a los trabajadores y a sus representantes, propiciando la precariedad, y que el trabajador se subyugue a todo aquello que el empresario quiera, en cuanto a condiciones laborales y económicas se refiere.
Y es que el despido va a ser más fácil y barato, se rebajan los días de indemnización en los supuestos de despido improcedente, de 45 a 20 por año trabajado, y se cobra una anualidad como máximo; no se va a precisar el concurso de la Justicia y de la Administración para reducir plantillas, ya que “maquillando” las cuentas, y dando tres trimestres con resultados peores, cada trimestre, con menos beneficio cada uno, se podrá poner en la calle a los obreros.
Se idea un nuevo contrato, que recoge el despido libre y gratuito. Es el contrato de emprendedores, cuyo primer año se estipula de prueba, por lo que el empresario, antes de finalizar este período puede despedir al trabajador sin coste alguno. Es decir, que te contrato para un determinado trabajo, de menos de un año, te hago un contrato “indefinido” (de emprendedores), y cuando acabe, antes de los primeros doce meses, a la calle, sin un puto duro. Aquel que quiera hacer méritos para seguir trabajando, sabe que en el primer año de relación laboral, ha de hacer todo lo posible para no faltar un solo día, no puede enfermar, si es mujer, ni oír hablar de embarazos; si es tu mujer la que está dando a luz, tú en el tajo, trabajando. Si se muere un familiar, ya le irás a llorar al cementerio cuando acabes la jornada, que de allí no se va a mover. Quien se salga del guión, a la calle.
Además, a partir de esta reforma, el empleador, podrá poner en la calle a cualquier trabajador que falte más de nueve días, aunque sea por baja por enfermedad. Y al hilo de las bajas, serán las Mutuas de Accidentes, que cobran directamente de los empresarios, y, por lo tanto, le dictan las consignas a seguir, las que determinarán si estás o no apto para trabajar, contra el criterio de un médico del sistema público de salud; es decir, vale más la palabra de un médico, metido a dedo en una empresa privada que, la mayoría de las veces, ha sido incapaz de superar una oposición pública, que la de un médico público, funcionario, que representa al Estado, con una gran responsabilidad en sus actos.
Los derechos colectivos son atacados de forma inmisericorde, pues se antepone el convenio que se firme en la propia empresa, por encima de lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios del sector. También, por determinadas circunstancias, el empresario puede negociar con los trabajadores, de forma individual, sus condiciones, sin tener en cuenta a los distintos convenios existentes.
A raíz de esta reforma, un desempleado que cobre prestación es más rentable para el empresario, porque se va a quedar con una parte de esas cantidades que debe cobrar el trabajador. Los que no cobran, tendrán que esperar más. Habrá parados de primera y de segunda. Los sistemas públicos de empleo son desplazados de sus funciones empleadoras y de búsqueda de empleo, y éstas pasan íntegramente a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que serán quienes impongan las condiciones, y se lleven los beneficios de los contratos. Es decir, este va a ser uno de los primeros pasos para la externalización de los servicios públicos.
Pero esta reforma, como ha quedado claro en las intervenciones de los distintos representantes del gobierno, no va a crear empleo. La creación de empleo, viene por la reactivación de la economía, por la apertura del crédito, lucha contra el fraude fiscal y la estimulación del consumo, pero si se siguen haciendo recortes, la gente irá de casa al trabajo y del trabajo a casa, y poco más. Los empresarios van a utilizar esta reforma para mejorar sus cuentas de resultados, y obtener mayores beneficios, pero no para crear empleo. Las grandes fortunas, que con esta reforma serán aún más grandes, seguirán sin contribuir por lo que les corresponde, por lo que la mayor parte de la carga fiscal caerá sobre las clases trabajadoras.
Se ha inclinado la balanza total y absolutamente a favor del empresario, ya que va a ser el que va a poder tomar todas las decisiones, sin que nadie le diga cómo y cuándo lo tiene que hacer, reduciendo los costes enormemente. Todos los derechos son para ellos, ninguno para el trabajador.
Toda esta reforma, y la cantidad de recortes que están invadiendo el país, se hacen única y exclusivamente para satisfacer las exigencias de la Unión Europea, del FMI, del BCE, así como la canciller alemana y el presidente francés, cuyo único fin es acabar con el derecho del trabajo, el modelo social y la representación colectiva.
Han visto la crisis que padece Europa, por culpa de los especuladores financieros, y los bancos, como una opción para destruir el modelo social y laboral que ha sido santo y seña de Europa, y cambiarlo por un nuevo capitalismo más feroz, sin reglas, para obtener mayores beneficios. Se quiere que en Europa impere el sistema de trabajo asiático, jornadas interminables, míseros sueldos y condiciones ínfimas.
Con esta reforma, la soberanía nacional queda en entredicho, porque como recoge el propio decreto, se dice que estas medidas son reclamadas por las instituciones económicas mundiales y europeas, así como por los mercados internacionales. Es decir, nos dicen lo que tenemos que hacer y, nosotros, agachamos la cabeza y nos bajamos los pantalones. Los que iban a dar un puñetazo encima de la mesa de Europa.
Por todo esto, es necesario, es obligatorio, que la clase trabajadora del país se eche a la calle el próximo día 29 de marzo, y pare la actividad, para decirle al gobierno que con nuestro futuro y el de nuestros hijos, y con nuestro pan no se juega de esta forma.
Y decir a los sindicatos corporativos, que en su mayoría no apoyan la huelga, que esta reforma va a ir “mejorándose”, y va a llegar a todos los sectores, sino al tiempo, hasta aquellos que se creen intocables, porque la reforma ya avanza aspectos sobre el personal laboral de las administraciones públicas, por lo que los funcionarios, iremos en el mismo camino. Y es que es triste ver como representantes de estos sindicatos, se pasean por las tertulias de los medios audiovisuales de tinte conservador, atacando a las grandes centrales sindicales, y vendiendo, a su vez, que la reforma laboral no es para tanto, y que los convocantes son unos tremendistas.
Cuando se habla de apoyo o no a los sindicatos, un dato: En el último proceso electoral a representantes de los trabajadores, en todo el estado, UGT y CCOO, han obtenido, en conjunto, más votos que el Partido Popular en las últimas elecciones generales, algo que indica la fuerza de ambas centrales sindicales.
Pero un motivo importante de preocupación, es el de la asistencia o no a la huelga, y si ésta va a ser de forma voluntaria, o van a ser “invitados”, muchos trabajadores, por los empresarios a ir a trabajar esa jornada, por el “bien” de la empresa y de todos. Esa coacción es un tema que está existiendo en las jornadas previas, y va a existir en la misma mañana.
Para apoyar la huelga, es necesario que, además que los trabajadores no acudan a sus puestos de trabajo, que sus familias no desarrollen ninguna actividad en ese día; lo niños y estudiantes no deben ir a los colegios o a las universidades, y las familias deben evitar ir a los establecimientos comerciales, para que no haya consumo, y para que la huelga tenga el calado necesario para que el Gobierno recapacite y se siente a negociar la reforma, que quizás sea necesaria, pero no en los términos impuestos.
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