No hay día que no aparezca en cualquier medio la opinión de algún reputado comentarista, financiero o empresario más o menos conocido, exigiendo, como remedio mágico contra la crisis, el despido de no sé cuántos miles de funcionarios.
Son -somos- muchos, dicen. Y poco productivos, además. Un cáncer que lastra la economía española. Y, por eso, advierten: o adelgazamos la Administración Pública, o nos vamos a pique.
Así que, al final, de que la prima de riesgo se dispare a un diferencial inasumible para cualquier Estado, de los problemas de nuestro sistema financiero, o de las inmensas bolsas de fraude, por ejemplo, vamos a tener la culpa los policías, los médicos, inspectores de Hacienda, maestros, administrativos, jueces y hasta los mismos bomberos.
Todos tenemos en común que nuestras nóminas las pagan las distintas administraciones públicas, claro. Pero también que hemos obtenido nuestros trabajos después de muchos años de sacrificio. De estudio, de encierro, de preparación de dificilísimas oposiciones a las que hemos concurrido, compitiendo por una plaza, en buena lid, con otros cientos, -o miles- de candidatos también sobradamente preparados.
Tiene gracia esa expresión tan corriente de que ahora estamos pagando el hecho de que, en los años de bonanza, los españoles hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades. Alguien debió llevarse la parte de esa riqueza 'extra' que jamás revirtió en los funcionarios.
